Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto metropolitano de Río Piedras llevaron a cabo un paro estudiantil de cuarenta y ocho horas los días 7 y 8 del pasado mes de diciembre. El paro fue aprobado en la asamblea general de estudiantes celebrada el día 1 en la pista atlética del recinto, en la que también fue aprobado un voto de huelga indefinida a comenzar el día 14, de no prosperar la petición para derogar la cuota de estabilización fiscal de 800 dólares, que los estudiantes del sistema universitario público de la Isla tendrían que pagar en enero próximo. Este incremento en los costos de la matrícula es el mayor en los más de cien años en la historia de la UPR y supone un ataque neoliberal que dejaría fuera del sistema público a más de diez mil estudiantes. De esta manera, la administración universitaria ha decidido cargar, una vez más, contra el bolsillo del estudiantado para así, según argumentan, solventar la alegada crisis fiscal que afronta la institución.
Dicho paro estuvo marcado por la violencia de la desacreditada administración universitaria de turno contra el movimiento estudiantil. El presidente de la institución, José Ramón de la Torre, avaló la contratación de agentes de seguridad privada de la compañía Capitol Security que agredieron físicamente a los estudiantes en lucha. Una vez finalizado el paro, en la tarde noche del miércoles 8, la Policía de Puerto Rico comienza la ocupación del recinto universitario más importante del sistema público. El gobernador colonial y colonialista de turno, el abogado corporativo y neoliberal Luis Guillermo Fortuño Burset da la orden tras el pedido del presidente de la Torre.
La última vez que la uniformada ocupó el recinto riopedrense declarando el estado de sitio fue durante el conflicto huelgario de 1981. Una de las consecuencias de aquella sangrienta huelga fue la conformación del protocolo de la llamada "política de no confrontación", que por los últimos veintinueve años no recomendaba la intervención externa del poder policial para solventar los conflictos universitarios. Dicho protocolo ya forma parte del pasado y José Ramón de la Torre pasará a la historia por la infamia de aquella tarde noche del ocho de diciembre de 2010.
La huelga indefinida comenzó el martes 14 y se está caracterizando por la violencia arbitraria y desproporcionada de las autoridades policiales contra los y las manifestantes. El gobierno colonial y colonialista de turno ha movilizado diferentes unidades de la policía estatal (nacional), tales como la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT), más conocida como "fuerza de choque" (antidisturbios), la Unidad de Operaciones Especiales (UOE), la división especializada S.W.A.T ( Special Weapons and Tactics ). Las funciones de esta última se limitan a situaciones de alto riesgo, tales como y entre otras, rescate de rehenes, francotiradores, búsqueda y arresto de prófugos peligrosos.
La activación y movilización de agentes de la división S.W.A.T de la Policía de Puerto Rico, con pasamontañas y metralletas en mano, ha supuesto el último episodio de intimidación contra la población civil de la Isla, acto que vuelve a evidenciar el grado de totalitarismo y autocracia que caracteriza al gobierno de Fortuño Burset. A pesar de la represión y la intolerancia institucional, los y las estudiantes en lucha han continuado con las jornadas de protesta paralizando las clases y exámenes que algunos profesores, especialmente de la Facultad de Ciencias Naturales, insisten en dar.
El estudiantado de Río Piedras no está solo, el recinto de Cayey también se encuentra en huelga indefinida y otros como el de Aguadilla, Carolina, Humacao y Utuado han llevado a cabo paros aprobados en asambleas estudiantiles. En varios de estos paros, la uniformada ha invadido los predios universitarios. Así también, otros recintos han apoyado arduamente a los y las estudiantes en lucha, como Ciencias Médicas y Mayagüez. En este sentido, hay que señalar que la Junta de Síndicos, órgano que rige de manera antidemocrática las riendas de la Universidad de Puerto Rico, decretó de manera unilateral el desmantelamiento de los portones de acceso a los recintos. De esa manera, la entrada de la policía se ha facilitado al grado de ocupar y agredir al estudiantado universitario, único sector en lucha activa contra las políticas neoliberales y reaccionarias de la administración Fortuño Burset.
De ahí la obsesión compulsiva que hay por parte de las autoridades coloniales en criminalizar a los jóvenes de la Isla en general y al estudiantado universitario en particular. Días antes que se produjera la invasión policial del recinto metropolitano de Río Piedras, el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, expresó que le gustaría sacar “a patadas” de la Universidad de Puerto Rico a los estudiantes en lucha activa contra la imposición de la cuota de 800 dólares; declaraciones que el gobernador de turno en ningún momento ha censurado. En una entrevista radial, Rodríguez Ema se expresó contra supuestos líderes estudiantiles, que nunca identificó, que permanecen “diez, doce o catorce años” matriculados en cursos “para poder decir que son estudiantes de la universidad y dar mensajes de izquierda”.
En un repentino viaje a Washington, D.C. para reunirse con el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, la prensa le volvió a preguntar a Fortuño Burset sobre las expresiones de su jefe de gabinete, a lo que éste en tono evasivo, se limitó a decir que “la prensa lo que quiere es que entre en dimes y diretes”.
La rectora del recinto riopedrense, Ana Rosa Guadalupe Quiñones, informó, a través del portal virtual del campus, la prohibición de “la celebración de festivales, piquetes, marchas, mítines y otras actividades de participación masiva dentro de los predios del Recinto de Río Piedras por un período de 30 días contados a partir del 12 de diciembre de 2010 hasta el 12 de enero de 2011”. También, ha decretado un receso administrativo entre el 23 de diciembre hasta el 11 de enero, fecha en la que se pretende "reiniciar" las labores del semestre en curso.
Tras dos semanas de resistencia estudiantil y represión policial, otros sectores de la sociedad civil puertorriqueña mostraron su apoyo de manera directa. En la tarde del jueves 23 de diciembre, varias organizaciones políticas, sindicales y comunitarias convocaron una protesta multisectorial frente a la entrada principal del recinto universitario de Río Piedras en la Avenida Juan Ponce de León. Entre las organizaciones que dijeron presente destacan, entre otras, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Seguidamente, comenzó la actividad musical "Asalto Navideño por una Universidad Pública", donde actuaron, entre otras agrupaciones, el Coro de la Universidad de Puerto Rico, Danny Rivera y Mapeyé, Luis Díaz "Intifada", Tráfico Pesado, los Perros de Pavlov, Andy Montañez y Fiel a la Vega.
No obstante, la lucha del movimiento estudiantil no dará tregua alguna y continuarán las actividades en repulsa a la cuota impuesta por la antidemocrática Junta de Síndicos, ente institucional que rige los destinos de la Universidad de Puerto Rico y que responde directamente a los intereses del gobierno. Para el miércoles 29, por ejemplo, se llevó a cabo una protesta para repudiar la suspensión sumaria que afronta el líder estudiantil Giovanni Roberto Cáez por su participación en una manifestación el pasado día veinte en la Facultad de Ciencias Naturales del recinto de Río Piedras. La manifestación terminó en un violento enfrentamiento entre los estudiantes y efectivos de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico, quienes lanzaron gases lacrimógenos de manera indiscriminada. La confrontación culminó con una serie de arrestos y formulación de casos ante los tribunales.
La presencia de Giovanni Roberto en la Universidad estaba bajo observación administrativa desde la huelga de sesenta y dos días del semestre pasado, cuando fue miembro del Comité Negociador Nacional. H asta tanto no se complete el proceso administrativo, el estudiante no podrá ingresar ni al recinto ni a sus predios por estar considerado “un peligro al orden institucional”. Las autoridades universitarias le acusan de haber “incitado, promovido y dirigido” la susodicha manifestación del día veinte. “Es algo que obviamente me toca, pero a la vez me reafirma y me convence más de que lo que estamos haciendo es correcto. Cuando la Administración recurre a difamar, recurre a la mentira, a la fabricación de casos, recurre a la ocupación militar, algo bueno estamos haciendo los estudiantes, así que aquí lo que hay que seguir es peleando”, pronunció el estudiante de la Facultad de Pedagogía. El martes 28, El presidente de la Universidad de Puerto Rico, José Ramón de la Torre, junto a otros miembros de la Junta de Síndicos, mantuvo una reunión con los presidentes de los consejos de estudiantes de nueve de los once recintos del sistema público universitario y hubo un compromiso para analizar las propuestas estudiantiles que se han sometido para la eliminación de la cuota de estabilización fiscal de 800 dólares.
Por otro lado, en la Asamblea legislativa se ha consultado con algunos de los legisladores que han mostrado públicamente su interés en buscar soluciones al conflicto huelgario, a destacar el representante oficialista Antonio 'Toñito' Silva, Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. El alcalde del municipio de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, también del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), señaló el miércoles 29 que una de las prioridades del gobierno de Fortuño Burset debería ser zanjar la problemática universitaria reduciendo sustancialmente la controversial cuota y que la policía se retire de los recintos universitarios. Así lo manifestó tras acoger en su oficina a representantes del Comité de Representación Estudiantil (CRE) de la UPR, de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y del Comité de Madres y Padres. Vega Borges insistió que la cuota de 800 dólares debiera reducirse o eliminarse, aunque sí expresó que los y las estudiantes debieran de aceptar un aumento en la matrícula de 200 dólares.
Borja Jiménez | Zenaida Vázquez. San Juan, Puerto Rico.
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